Paridad de género, uso medicinal del cannabis y otros mas pasaron a comisiones

Legislatura 06/07/2017
La Legislatura provincial dio curso, esta mañana en sesión, a varios proyectos de ley para ser analizados en comisiones. Entre ellos, se destacan la modificación de la Ley Electoral Provincial y la adhesión a la Ley Nacional 27.350 sobre investigación del uso medicinal de la planta de cannabis. También, se incluye la implementación y uso del Desfribilador Externo Automático (DEA) en establecimientos públicos y la modificación a la Ley Provincial 441 del Servicio Penitenciario Provincial y proyecto de Ley que declara “bienes de utilidad social” a todas las bibliotecas populares de Tierra del Fuego.

La modificación del artículo 52 de la Ley Electoral Provincial (201), presentada por el bloque del FPV – PJ, busca incorporar la paridad de género en las listas de candidatos y candidatas para cargos electivos en la Provincia. Así, fortalecer el derecho de las mujeres a la participación política y al acceso a los espacios de decisión.

Entre los artículos, se desprende que las “listas electorales que se presenten para su oficialización, tanto para candidatos a Legisladores como para la fórmula de Gobernador/a – Vicegobernador/a, deberán contener porcentajes equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de ambos géneros. Estos serán ubicados en forma alternada y consecutiva de tal forma de garantizar la paridad entre hombres y mujeres”.

Además, “el candidato suplente deberá ser de género distinto al que se postule para aquél. La lista que no cumpla con estos requisitos, no será oficializada. De este modo, invitan a las municipalidades, para adecuar sus ordenanzas electorales al contenido mínimo y de orden público, dispuesto respecto de las medidas de acción positivas establecidas en razón del género”.

En tanto, la legisladora Marcela Gómez (FPV – PJ) presentó la semana pasada, el asunto 262/17, proyecto de ley que crea, en el ámbito de la Provincia, el órgano de revisión de salud mental y la comisión provincial de salud mental y adicciones. La iniciativa, se encuadra en lo que establece la ley nacional 26.657 de Salud Mental, sancionada en el año 2010. También, busca reemplazar la ley provincial 78, del año 1993, para lo cual propone su derogación.

La impulsora de la norma, legisladora Marcela Gómez, explicó que, en su articulado, el proyecto crea dos importantes espacios: “el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones”.

Por otro lado, desde el Poder Ejecutivo provincial a través del mensaje 15/17, impulsa la adhesión a la Ley Nacional 27.350. La iniciativa, pretende establecer un marco regulatorio de investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, para garantizar y promover el cuidado integral de la salud.

La norma nacional fue sancionada por el Congreso el 29 de marzo del corriente. “Dicha Ley dispone la creación de un programa nacional en la órbita del Ministerio de Salud, con el objetivo principal de emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud”. Además, se busca promover “medidas de concientización dirigidas a la población en general; establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencias, tratamientos y accesibilidad de forma gratuita”.

Asimismo, en los fundamentos, el Gobierno de la Provincia sostiene que se prevé que la cartera de Salud provincial tenga “la facultad de realizar todas aquellas acciones que se requieran para garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios; a los efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales en el marco del programa”.

Por otra parte, la ley nacional establece que la “Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente”. También, podrán disponer que la provisión sea gratuita, para quienes se encuentren incorporados al programa.

Por último, faculta al Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, a suscribir los convenios necesarios y emitir las disposiciones que resulten adecuadas, en pos del cumplimiento de los objetivos y finalidades establecidas en la futura norma.

En otro orden, el bloque mopofista mediante el asunto 263/17, busca a través de la misma, establecer el uso de un Desfibrador Externo Automático (DEA) en los establecimientos públicos de la Provincia. El objeto de la propuesta es, “prevenir y evitar los casos de muerte súbita de personas producto de paros cardiorrespiratorios no traumático, abrupto o inesperado”, según se desprende del articulado.

Se prevé que distintos espacios cuenten con este sistema por ejemplo: “terminales de transporte público marítimo, terrestre o aéreo; centros comerciales cuya superficie edificada sea superior a mil metros cuadrados; sitios de juego de azar; bingos; casinos; lugares de alto riesgo (gimnasio, natatorios, polideportivos); parque de diversiones; centro turísticos; centros invernales; bancos, entre otros.

Asimismo, los legisladores Mónica Urquiza y Pablo Villegas proponen que el Banco de Tierra del Fuego (BTF), establezca una línea crediticia con tasa subsidiada al sector privado para la adquisición de los DEA. También, establece que el Ministerio de Salud provincial oficie de autoridad de aplicación. De este modo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, “deberán incorporar cursos de reanimación cardiorrespiratoria, incluyendo la capacitación y el entrenamiento en el uso del aparato, destinado al personal dependiente de los mismos”.

Finalmente, en el proyecto de ley invita por intermedio del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) “a promocionar la necesidad de implementar presente ley en ámbitos privados como hoteles y espacios gastronómicos”.

Por otro lado, también, desde el bloque del MPF, solicitan la modificación del artículo 1 de la Ley Provincial 441 del Servicio Penitenciario Provincial. El proyecto de Ley tiene como objetivo, crear una “Comisión Especial de estudio y análisis del trabajo de las personas privadas de su libertad”.

“La Comisión tendrá como finalidad proceder al estudio y el análisis de la remuneración y beneficios de seguridad social al que deben acceder las personas detenidas”, según se desprende el articulo 3 de la futura normativa. De este modo, este ámbito estará integrado por un representante de los tres poderes de Estado.

Por último, el tercer proyecto de Ley presentado, asunto 268/17 por integrantes del bloque mopofista, busca declarar "bienes de utilidad social" a todas las bibliotecas populares constituidas en asociaciones civiles. Esto, bajo la orbita de la Ley provincial 643 y con personería jurídica vigente.

En este sentido, los parlamentarios Damián Löffler y Cristina Boyadjian sostienen, entre sus fundamentos, que estás instituciones “brindan en nuestro país un servicio y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades abiertas a la comunidad”.

“Los bienes inmuebles de las bibliotecas populares que se encuentren afectados a consecución de su objeto social y que se encuentren amparados por esta Ley, son inembargables e inejecutables”, según se desprende uno de sus artículos. También, en el escrito manifiestan que la autoridad de ampliación de la misma será la Secretaría de Cultura de la Provincia.

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