A partir de la asunción de Walter Vuoto a la intendencia de Ushuaia debió darse un ordenamiento de los números de la Municipalidad, los compromisos asumidos, la legalidad de los actos que sustentaban esos compromisos anteriores, el uso de los escasos o nulos fondos disponibles y la legalidad de los actos administrativos de la nueva gestión.

La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Victoria Vuoto afirmó a FM del Sur de la ciudad de Ushuaia que “producto de la situación económica financiera con la cual nos encontramos en la Municipalidad, tuvimos que tomar criterios de prioridad en los pagos y eso no quiere decir que no se vayan a abonar las liquidaciones finales de los funcionarios salientes, sino que había que pagar salarios y aguinaldos de los trabajadores” y expuso que “de hecho los funcionarios entrantes tampoco cobraron esos días del mes de diciembre porque la prioridad era otra”.

La funcionaria municipal afirmó que no hubo una cuestión de discriminación, “pero producto de esto se interpusieron reclamos del Intendente mandato cumplido y ex funcionarios para exigir el pago de esas liquidaciones El área legal tomó intervención para contestar esos reclamos y pudimos detectar que había determinados descuentos que no se habían realizado, como gastos de celulares y gastos personales”. En particular con el ex intendente Federico Sciurano, “detectamos que el último viaje a Europa fue realizado sin la correspondiente autorización del Concejo Deliberante de la ciudad, por ende los gastos que se hayan erogado -incluso los aéreos- deberán ser descontados de la liquidación final”, aseguró la funcionaria.

Asimismo, Vuoto explicó que “es una decisión que tendrá tomar la Secretaria de Economía, por eso fueron giradas las actuaciones para que se determine de qué montos estamos hablando”. “Nosotros, desde Legal y Técnica, advertimos que el Concejo Deliberante rechazó esa autorización de viaje porque fue enviada con mucha posterioridad al cuerpo legislativo”, agregó. “La Carta Orgánica dice que el Intendente, si se ausenta más de cinco días debe pedir autorización al Concejo (Deliberante) y (Federico) Sciurano viajó quince días en octubre y recién en diciembre remitió el pedido que fue rechazado. Por eso corresponde que ese dinero sea descontado”, aseguró.

También refirió que “algunos funcionarios de la gestión saliente dejaron abiertos gastos con cargo a rendir que están en estudio porque en general eso no se acostumbra ya que son gastos individuales que deben cerrarse al final de la gestión”.
Explicó que los concejales “fueron permanentemente informados sobre la marcha de la comisión. Abrimos un expediente que ya tiene varios cuerpos en el que se incluyó la invitación a la Sindicatura y a los ediles para participar en la comisión, y la designación que hizo cada concejal de una persona para que los represente. El concejal Juan Romano (UCR) designó a la ex subsecretaria de Legal y Técnica, Eugenia López Echagüe, pero nunca se hizo presente”.

A ello sumó que “todavía no difundimos los dictámenes de la Revisora aunque todos los integrantes de la Comisión tienen acceso a los mismos. No los dimos a conocer porque estamos elaborando un informe final con cada dictamen, el cual va a ser remitido al Concejo Deliberante y a la Sindicatura”.

Del mismo modo, expresó que “ante cada irregularidad que detecta la Comisión Revisora y cada desprolijidad administrativa que detecta el área a mi cargo se da intervención a la Sindicatura, que es nuestro órgano de control externo natural. Paralelamente elaboramos informes que remitimos a cada concejal en relación a todo lo que pasa por la Comisión”.

Al respecto, enfatizó que “hay una decisión de esta gestión de transparentar la información y hacer parte de esto a la Sindicatura y al Concejo Deliberante. Los concejales reconocieron el avance en este sentido”.

En tanto, anticipó que “las irregularidades que puedan acarrear responsabilidad de algún funcionario están siendo comunicadas a la Sindicatura en el momento que se detectan. Una irregularidad administrativa puede tener consecuencias administrativas o penales. Si es consecuencia administrativa la Sindicatura tiene su propio procedimiento de juicio. Y si la responsabilidad es penal se realiza una denuncia a la Justicia. Como funcionaria pública estoy obligada a realizar la denuncia en el caso en el que considere que hay una conducta delictiva. Todas las denuncias penales que haya que presentar se van a presentar”.

También mencionó que “estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones, en achicar el margen de error y en evitar que se mantenga una situación en la dentro del Estado se pueda hacer cualquier cosa con los fondos públicos”.

Afirmó que “queremos generar otras prácticas y achicar el margen de error en la Administración” y para ello “estamos generando manuales de procedimiento internos, vamos a trabajar con la Sindicatura en la reglamentación de la ordenanza de Administración Financiera, y vamos a adecuar esa ordenanza a la ley nacional anticorrupción”.

Finalmente, Victoria Vuoto destacó que “estamos trabajando día y noche para poner en valor la administración de los recursos públicos, y para investigar todo lo que haya que investigar respecto a las irregularidades que encontramos”.