Ríos: "La violencia y la amenaza ejercida sobre una mujer es una forma de excluirla de los ámbitos de decisión pública"

El fiscal Nicolás Arias pidió que se abra la investigación por extorsión, amenazas agravadas y violencia política por razones de género de parte del concejal Javier Branca y a Maximiliano Rijo, presidente de la cooperativa “Nuestro Techo” y asesor del edil hacia la subsecretaria de Vivienda municipal, Yanira Martinez Ortiz bajo la representación legal de Solange Verón y Fabiana Ríos.

Según los datos que surgen de la denuncia, que publicó el Diario Tiempo Fueguino, los hechos se desencadenaron luego de la última marcha de NiUnaMenos, donde se vio a la funcionaria municipal con un cartel en el que se leía “No más violentos en nuestras cooperativas”. 

En este sentido, la abogada Fabiana Ríos explicó en RADIO NACIONAL USHUAIA que "con posterioridad al 3 de Junio, la denunciante recibe una serie de llamados telefónicos de parte de un asesor del concejal Branca, Maximiliano Rijo,  para decirle que haber participado de la marcha con carteles en los que indicaban "no mas violentos en nuestras cooperativas", había resultado en un punto de inflexión en la relación política con el concejal y que, sumado a la legitimidad política que ellos entendían espuria por haber pertenecido a la construcción política que ellos identifican como propia de Branca".

Según el escrito judicial, Javier Branca utilizando como intermediario a Maximiliano Rijo habría amenazado en varias oportunidades a la denunciante con difundir información que la perjudicaría en su esfera laboral, personal y familiar, si no accedía a las peticiones exigidas. "Es decir ,que Yanira se tenía que retirar de la cooperativa, de su participación cooperativa, y le ordenaban hacer una serie de cosas para que no sucediera una operación montada en su contra que le iba a afectar personal, política y familiarmente", aclaró Ríos.

Cabe recordar que Yanira Martínez Ortiz, es subsecretaria de Vivienda, fundadora de la cooperativa “Mujeres Cooperativistas” e integrante de la Cooperativa “Nuestro Techo” de la que fue presidenta en dos oportunidades y cuyo titular actual es Maximiliano Rijo. Martinez Ortiz manifestó en el escrito que entre las peticiones exigidas por Branca, se encuentra la desvinculación de ambas cooperativas y de todas las actividades vinculadas con el barrio. “Córrete de su órbita” le habría dicho Rijo, asesor del concejal.

La abogada remarcó que el de 3 de Junio "es una fecha emblemática" ya que "hace siete años que las mujeres nos convocamos a reclamar, visibilizando las violencias a las que somos sometidas en distintos espacios. En este caso, las mujeres cooperativistas se presentaron de esta manera y a partir de esa manifestación del viernes, el lunes siguiente la llaman a Yanira por teléfono diciéndole que esa participación era un punto de inflexión, amenazando a una mujer dirigente cooperativista, haciéndole saber que si no hacía determinadas cuestiones que le requerían, por supuesto, involuntariamente bajo amenaza con epítetos tipo es lo que te conviene, yo que vos lo haría, desaparece de su órbita o que no aparezca esta palabra en tu vocabulario".

Además, dentro de las demandas se encontraba la entrega de documentación específica, hecho al que accedió por temor luego de que descubriera que alguien había aflojado los tornillos de las ruedas de su auto, según el relato de la subsecretaria.

El fiscal Arias, interviene en la causa, ya elevó el requerimiento al juzgado de Instrucción N°2 a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo. Lo que implica una solicitud de investigación de los hechos. La denunciante presentó 5 testigos, 4 son mujeres y solicitó una pericia psicológica con perspectiva de género para evaluar el perfil de Branca. 

Además pidió medidas cautelares, como el cese de cualquier acción perturbadora directa o indirecta y la prohibición de acercamiento. "A partir de la elevación, la denunciante ratificó la denuncia y también se anunció la intención de constituirse como querellante que tiene importancia porque le permite ser parte a la denunciante e impulsar la causa con medidas de prueba y hacer un seguimiento como mucho más profundo de proceso", aseveró.

"El requerimiento fiscal imputa o por lo menos entiende que hay una cantidad de elementos que permiten sospechar que existieron algunos delitos que están tipificados en el código como extorsión, amenazas y otros dentro del menú de delitos del Código Penal. A partir de eso, aportamos pruebas y el fiscal solicita algunas más que ya empezaron a producirse", agregó.

"Son dos personas las denunciadas, Rijo y Branca. Básicamente, porque Rijo aparece en varios encuentros. Es quien este se presenta, alegando ir en nombre y representación del concejal. Sin embargo, en sus dichos también hay este modo de decir amenazantes en relación a su propia posición en el lugar que ocupaba. Si bien en varias oportunidades hace saber que él está desconforme con eso, si intenta que la denunciante cedan a las peticiones que tendría que hacer en función de lo que le habrían pedido que haga", apuntó.

Consultada por el enfoque de denuncia como violencia política, Ríos contestó que "justamente vinculado a los espacios de militancia que le piden que deje Yanira. Se trata de una militante política, de una militante cooperativista y de una mujer. La ley de prohibición de violencia contra las mujeres  establece en todas las sentencias judiciales, cuando hay implicada una mujer, deba leerse el delito que se imputa y en particular esto que tienen que ver básicamente con la exclusión de los espacios de militancia en clave de género. Porque las violencias también se expresan en los ámbitos políticos y la amenaza con dar a conocer o crear situaciones que puedan comprometer este lo que la sociedad de esa mujer que habilita o vive o no milita en espacios públicos, es una forma de ejercicio de violencia para excluirla de esos ámbitos. Entonces, lo que nosotras pedimos en particular en esta denuncia, es que la lectura de estos delitos que se imputan se haga con la mirada que establece la Ley de Violencia de Género, que determina cuál es y cómo se tipifica la violencia política y la ley antidiscriminación en términos de género".

Por lo tanto indicó que la expectativa es que la justicia investigue haciéndolo en clave de de genero. "Si bien los delitos forman parte de un menú que está tipificado, son particularidades del derecho penal. Pero si el derecho penal se lee con estas claves, en realidad da una respuesta. podría empezar a ayudar a entender, a ver, a visualizar claramente estas situaciones que por naturalizadas que parecen, no parecen que sucedieran. La violencia y la amenaza ejercida sobre una mujer que además milita políticamente es una forma de excluirla de los ámbitos de decisión pública. Y esto debe ser sancionado porque la amenaza tiene además otra connotación", finalizó.

Escucha la entrevista:

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